El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, anunció que interpondrá denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación contra la Universidad del Atlántico, por su participación en un proceso presuntamente fraudulento e inconstitucional en la elección del próximo Contralor Departamental del Valle del Cauca.
Según el congresista “La universidad fue “escogida” para adelantar el concurso de méritos para la elección del próximo contralor o contralora del Valle del Cauca. A pesar de que esta elección debe realizarse bajo estrictos criterios de mérito y legalidad, conforme lo establece la Constitución y la ley, el proceso ha sido manipulado por la universidad para favorecer los candidatos de la gobernadora del Valle”.
Voz: Alejandro Ocampo
Ocampo enfatizó que la Constitución Política de Colombia es clara y expresa en su artículo 272, al establecer una inhabilidad específica para quienes aspiran al cargo de contralor departamental:
“No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.”
Este mandato constitucional es reforzado por el artículo 6 de la Ley 330 de 1996, que indica:
“No podrá ser elegido contralor departamental quien, dentro del año anterior a la elección, haya ejercido cargo público del orden municipal, distrital o departamental.”
Alejandro Ocampo advierte que dentro de los admitidos al proceso aparecen al menos cinco funcionarios que están inhabilitados a simple vista, por haber ocupado cargos de nada más y nada menos que de contralores municipales y personeros; quienes son los encargados de dirigir los organismos de control de varios municipios del Valle, ellos mismos saben que están inhabilitados.
Estos funcionarios son:
- Jefferson Andrés Núñez Albán, actual Subcontralor de Santiago de Cali.
- Lina Marcela Vásquez Vargas, actual Contralora Municipal de Palmira.
- Pedro Antonio Ordoñez, actual Contralor General de Santiago de Cali.
- Jesús Mauricio Castañeda González, actual Personero Municipal de Yumbo.
- Harold Fernando Cerquera Castillo, actual Contralor Municipal de Tuluá.
Según denuncia el congresista Ocampo, la terna ya está pactada entre bastidores, antes siquiera de haberse presentado la prueba de conocimientos. Los tres aspirantes son que si presentar examen conformarán la terna sin:
- Pedro Pablo Párales, directivo actual de la Contraloría del Valle del Cauca.
- Harold Cerquera, actual contralor de Tuluá.
- Lina Vásquez, actual contralora de Palmira.
“Ya se sabe que la escogida como contralora sería la señora Lina Vásquez, actual contralora de Palmira y quien es promovida públicamente por el cuñado de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es quien es quien da el guiño de quien ocupará la dirección de la Contraloría del Valle”, expresó Ocampo.
Añadió que “todos los mencionados han ejercido cargos públicos en el último año, y en el caso de Cerquera y Vásquez, se trata de cargos del orden municipal con capacidad nominadora y funciones como ordenadores del gasto, lo cual los inhabilita explícitamente tanto constitucional como legalmente”
“La Corte Constitucional ha sido reiterativa en que estas inhabilidades buscan proteger la autonomía del control fiscal y evitar que el poder se vigile a sí mismo. Aquí están violando todo eso con cinismo”, señaló Ocampo.
El análisis del equipo jurídico del congresista Ocampo también advierte que dentro de los admitidos al proceso aparecen al menos cinco funcionarios que están inhabilitados a simple vista, por haber ocupado cargos ejecutivos del orden territorial en el último año, lo cual los excluye legal y constitucionalmente de la posibilidad de ser contralores departamentales.
“No se necesita más que leer la Constitución y aplicar la ley para entender que estas personas no pueden hacer parte del proceso. Es indignante que se pretenda legitimar semejante atropello con un concurso amañado”.
La Universidad del Atlántico publicó una lista de admitidos en la que más del 50% de los aspirantes fueron excluidos mediante una estrategia legalista intencional, mientras que los tres candidatos favorecidos fueron admitidos, a pesar de estar inhabilitados.
“Las contralorías están hechas para vigilar el poder, no para servirle. Lo que está ocurriendo en el Valle del Cauca es una burla a la Constitución, y vamos a frenarlo con acciones legales contundentes”, afirmó el congresista Ocampo.
Exigencias públicas del congresista Ocampo
El congresista exige:
- La inmediata exclusión de los candidatos inhabilitados.
- La intervención urgente de la Procuraduría General para evitar que se consolide un fraude constitucional.
- La apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra todos los funcionarios y autoridades que hayan participado u omitido control sobre este proceso.
“Vamos a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Aquí no se puede premiar el abuso del poder ni la complicidad institucional. Colombia necesita órganos de control independientes, no instrumentos de manipulación política”, concluyó Ocampo.
