Tomado de: www.elespectador.com
Este lunes 15 de diciembre, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro están salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Bonilla y Velasco fueron imputados ante esa misma instancia, el pasado 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, habrían direccionado contratos en 2023 para beneficiar a congresistas, con el objetivo de amarrar los votos que ayudarían a destrabar los votos para proyectos del gobierno Petro en el Congreso.
Para la Fiscalía, Bonilla y Velasco hicieron parte de una “organización delincuencial” que desvió contratos y puso en juego los recursos del Estado al comprometer más de COP 612.000 millones con 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Según el ente investigador, los exministros “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía desarrolló tres hechos criminales en los que los exfuncionarios del gabinete del presidente Petro habrían participado. Movidas, al parecer ilegales, que también salpican a una larga lista de congresistas, entre ellos los que para la fecha de los hechos hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y tendrían interés en hacerse a contratos en departamentos como Arauca y Córdoba.
Ni Bonilla ni Velasco aceptaron los cargos imputados. María Cristina Patiño, la investigadora que tiene el expediente en sus manos, intervino durante cerca de cuatro horas en la audiencia del 1 de diciembre para pedir medida de aseguramiento domiciliaria para los exfuncionarios. Para la fiscal, con su presunta actuación “se pervirtió la función administrativa y se afectó el patrimonio público”.
Defensa de Velasco cuestiona a la Fiscalía
La defensa del exministro Velasco, Rosa Elena Suárez, señaló durante su intervención que la imputación por parte de la Fiscalía “carece los elementos mínimos de tipo penal, ofrecimiento concreto, destinatario determinado, acto funcional y finalidad corrupta”, respecto a delitos como el de cohecho, que es solo uno de los tres por los que está imputado el exfuncionario. Agregó que el ente investigador ha intentado “enquistar” una imputación en su contra, fundada principalmente en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
El funcionario, quien ha salpicado a varios funcionarios del gobierno Petro y congresistas desde que encendió el ventilador del entramado de corrupción para colaborar con la justicia, ha dicho que fueron los exministros quienes presuntamente fraguaron las movidas del entramado de corrupción. Pero para la abogada Suárez, “hay una falta absoluta en la estructuración del relato” de López, considerado un testigo estrella del caso, y “la teoría de la Fiscalía no resiste un mínimo examen”.
Sobre la medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía, la abogada Suárez pidió que se negara la medida puesto la medida es incompatible en parte porque, para la defensa, Velasco no representa un peligro para la comunidad, no hay riesgo de fuga y tampoco riesgo de obstrucción a la justicia. En esa misma línea, señaló que el ente investigador cae en una contradicción porque niega los riesgos, pero solicita la medida como “instrumento de defensa social” y que, además, “transforma la medida cautelar en juicio de moralidad”.
Defensa de Bonilla niega responsabilidad del exministro
Tras las intervenciones de la Fiscalía y la Procuraduría, el abogado del exministro Bonilla, Mauricio Pava, argumentó que no hay evidencias suficientes para vincular al exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro a la “organización delincuencial”. Para el jurista, la información que está en manos de las autoridades, como los documentos que darían cuenta de la forma en la que se repartían los contratos, no son suficientes para vincular al exfuncionario al entramado de corrupción. “Una tabla de Excel no es suficiente”, dijo el abogado.
el abogado señaló que no hay coherencia temporal ni “rastro administrativo” que permita comprobar la presunta relación entre Bonilla y la red de corrupción que salpica a la Ungrd y al Invías. Concluyó argumentando que, pese a las prevenciones de la Fiscalía, la disposición de Bonilla durante el proceso y su arraigo en Colombia son suficientes para argumentar que no es necesario que se ordene medida de aseguramiento en contra del exministro.
